Luego del rechazo de la primer reforma tributaria presentada por el Gobierno colombiano en abril, que desencadenó
semanas de protestas sociales, las autoridades nacionales presentaron ayer una nueva iniciativa, con consenso de distintos actores de la sociedad que busca recaudar $15,2 billones de pesos colombianos.
Se trata de una iniciativa que pretende, mediante un articulado corto, proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas, con marcado ahorro en el gasto público.
La propuesta plantea, en primera medida, una mayor inversión social a través de la extensión de programas como Ingreso Solidario y Subsidio a la Nómina (PAEF), que irían hasta 2022 y diciembre de 2021, respectivamente. La
extensión del PAEF para el segundo semestre de este año, apoyaría a cerca de 459.000 empleados, a través de un esquema que incentiva la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y del resto de la población con ingresos de
hasta 3 salarios mínimos.
De otro lado, en materia de educación, la propuesta contempla mayores recursos para brindar matrícula cero a 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública. La inversión total en materia
social sería de $8,8 billones en 2021 y $8 billones en 2022, según detalló el Gobierno.
PLAN DE AUSTERIDAD
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio, con una restricción desde el 2023 de los gastos de personal, sin afectar el
poder adquisitivo de los servidores públicos. Adicionalmente, solo se permitirá la adquisición de bienes y servicios esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos.
De igual forma, las transferencias a cargo de la nación se reducirán anualmente, sin afectar las de rango constitucional, como seguridad social, universidades públicas y pago de sentencias, entre otras. También se
contempla el control de los contratos de prestación de servicios y nóminas paralelas.
NO AFECTARÁ A CLASE MEDIA
Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, este nuevo proyecto de inversión social “no tocará a la clase media”, cumpliendo así el compromiso asumido por el funcionario que llegó a la cartera
tras el rechazo masivo del anterior proyecto y prometió proteger los ingresos de la población más vulnerable.
Restrepo explicó que la iniciativa que se presentará al legislativo incluye un aporte solidario en renta del 35% por parte de las grandes empresas del país, a partir del 2022. Con esto, agregó, no se compromete la
competitividad del país, ya que esta tarifa es menor a la de 2018 (37%).
En tanto, el gobierno indicó que el esfuerzo en la reducción y optimización del gasto será combinada con el fortalecimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para hacer más efectiva la
fiscalización y la lucha contra la evasión.
“Esa combinación es la que nos permite decir que lo que tenemos frente a nosotros es un proyecto de inversión social soportado por unas decisiones de ingreso que son suficientes en este momento para dar el paso que como sociedad merecemos dar”, puntualizó el Presidente Iván Duque.
