La comisión que analiza la acusación constitucional en contra del Presidente de Chile, Sebastián Piñera, comenzó
a recibir invitados en el día de ayer para decidir si avanza o no el pedido de juicio político a raíz de las presuntas irregularidades que revelaron los Pandora Papers por negociados con una empresa minera.
La investigación periodística divulgó Piñera vendió sus acciones del proyecto minero Mina Dominga en un paraíso fiscal en 2010, poco después de iniciar su mandato, y mediante un contrato de venta en el que existía un
condicionante de política ambiental.
En esta primera sesión, según se explicó oficialmente participó la abogada ambientalista Llankiray Díaz. En su intervención explicó cómo funciona el sistema de evaluación ambiental, detallando el proceso que desarrolló el proyecto minero portuario Dominga en Higuerillas.
Explicó que es un proceso “muy normado”, pero llamó la atención del carácter “político” de las organizaciones que se pronuncian sobre los proyectos. Además, criticó como lobby a la Oficina de Gestión de Proyectos
Sustentables, dependiente del Ministerio de Economía, que tuvo entre sus prioridades a Dominga.
Por su parte, el abogado ambientalista Ezio Costa también criticó a esta oficina, señalando que “los gobiernos no deberían tener proyectos privados como favoritos”. Aseguró que no están normados los criterios para priorizar
ciertos proyectos.
