La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano admitió a trámite la Denuncia Constitucional (DC) 307 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por ser presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal y por tráfico de influencias agravado.
El informe sostiene, además, que Castillo es presunto cómplice del delito Contra la Administración Pública, es decir, delitos cometidos por funcionarios públicos.
Tras la decisión, el presidente invocó hoy al Congreso a aprobar la cuestión de confianza presentada por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, a fin de restablecer la democracia. Si el voto de confianza fuera rechazado por el legislativo, el primer ministro Aníbal Torres y todos los miembros del gabinete deberán renunciar.
El pedido de cuestión de confianza es la acción más firme del gobierno del presidente Castillo en medio de una constante pugna con el fragmentado Congreso. Si el voto de confianza fuera rechazado por el legislativo, el primer ministro Torres y todos los miembros del gabinete deberán renunciar y pondría a Castillo en una situación de nueva turbulencia política.
“La participación del pueblo a impulsar reformas a través del referéndum no puede ser recortado ni vulnerado. Por ello, invoco al Congreso a aprobar la cuestión de confianza presentada por el premier para restablecer la democracia ciudadana. ¡Trabajemos unidos por el Perú!”, publicó Castillo en Twitter.
