La calificadora de riesgo Moodys Investors Service califica de “incumplimiento” al último canje de deuda lanzado por el gobierno de Argentina, realizado el 15 de marzo y que postergó instrumentos con vencimiento a fines de 2024 para 2025 y 2028.
El canje incluyó nueve bonos denominados en pesos y seis en dólares, con un monto total estimado de alrededor de US$ 65.000 millones. Aproximadamente el 70% de estos bonos estaban en manos de organismos públicos y el resto en manos del sector privado. A pesar de que el sector público licitó la mayoría de sus tenencias, los tenedores privados solo licitaron alrededor de US$ 3.400 millones.
“El canje efectivamente retrasa los vencimientos de los bonos anteriores que vencían en 2024, pero consideramos que implica una pérdida para los tenedores debido a la falta de compensación. Aunque ayuda a evitar un incumplimiento inmediato, lo consideramos un incumplimiento según nuestra definición”, expresa el informe.
Los nuevos bonos ofrecen poca o ninguna compensación a los tenedores, ya que sus cupones se ajustan únicamente al coeficiente de estabilización de referencia (CER), mientras que los bonos anteriores tenían tasas CER más un porcentaje adicional. Esta falta de compensación explica en parte la baja participación del sector privado, del 17,5%.
Los nuevos bonos no ofrecen opciones de venta, lo que podría ser una medida antiinflacionaria para evitar la emisión monetaria por parte del banco central. Para los bonos no licitados por acreedores privados, se espera que el gobierno emita nueva deuda más cercana al vencimiento, posiblemente comprada por organismos públicos dado que son pagaderos en pesos.
