A pesar de rechazo del Senado, el DNU 70/2023 sigue vigente y debe ser votado en Diputados

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El Senado de la Nación rechazó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) propuesto por Javier Milei, con una mayoría de votos en contra, principalmente del peronismo. Este rechazo marca un revés para el gobierno y Milei se convierte en el primer presidente con un DNU rechazado por el Senado. Sin embargo, su vigencia continuará hasta que la Cámara de Diputados también lo rechace debido a que la Ley 26.122 indica que debe ser rechazado por ambas cámaras para ser derogado. El próximo paso será la votación en la Cámara de Diputados. No obstante, el proceso legislativo debe tratar el DNU en su totalidad, sin realizar modificaciones al texto original.

La fortaleza de Unión por la Patria en el Senado, con 33 senadores, permitió el rechazo del DNU con ocho votos adicionales.

Martín Lousteau, a pesar de su rol como presidente de la Unión Cívica Radical, quedó aislado al instar a sus compañeros de bloque a rechazar el DNU, obteniendo críticas y apoyo dividido. Los bloques de La Libertad Avanza y el PRO respaldaron el decreto, mientras que algunos legisladores se abstuvieron.

En la Cámara de Diputados, la situación es más incierta, ya que Unión por la Patria no tiene una posición tan sólida y se necesitan 129 votos para la mayoría. El apoyo del radicalismo y el bloque de Pichetto podría ser crucial. El PRO presentará proyectos paralelos para impulsar las reformas laborales pausadas por fallos judiciales.

La Libertad Avanza enfrenta tensiones internas, con desplantes públicos y salidas de miembros, lo que podría afectar su cohesión. Los bloques en la Cámara de Diputados están compuestos de manera diversa, con Unión por la Patria como el bloque mayoritario.

Tras el rechazo del Senado al DNU de desregulación económica propuesto por el Gobierno, Javier Milei advirtió que está en peligro el Pacto de Mayo con los gobernadores. El Presidente expresó duras críticas hacia la clase política, señalando el rechazo como un intento de socavar su gobierno y el cambio elegido por los argentinos. Afirmó que esta decisión pone en riesgo la convocatoria al pacto fundacional para establecer políticas de Estado.

Por su parte, Victoria Villarruel, la vicepresidenta del Senado, rompió su silencio después del rechazo del DNU en la Cámara de Senadores y enfatizó que no quiere convertirse en una “Cristina Kirchner” en referencia a posibles enfrentamientos con el presidente Javier Milei.

Para evitar la caída del DNU, Milei necesita negociar con gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista. El rechazo en el Senado se fundamentó en la “inconstitucionalidad” del DNU, debido a que deroga y modifica numerosas leyes.

Los gobernadores y el PRO jugarán un papel clave en este proceso, ya que tienen la posibilidad de influir en la votación en Diputados.

El DNU en cuestión, el 70/2023, que busca reformar el Estado y modifica más de cien leyes, entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023 y las medidas aplicadas bajo su amparo tienen validez.

Este DNU ha enfrentado obstáculos legales, como un amparo de la CGT que dejó sin efecto partes relacionadas con una reforma laboral. Además, recientemente, algunas prepagas tuvieron que retrotraer aumentos tras decisiones judiciales.

El 21 de diciembre, el Presidente anunció por cadena nacional las medidas más destacadas del Decreto de Necesidad de Urgencia, que incluye más de 300 reformas legales y normativas.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establece una emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta diciembre de 2025.

En cuanto a la desregulación, busca un sistema económico basado en decisiones libres, respetando la propiedad privada y la libre circulación de bienes, servicios y trabajo, eliminando restricciones en el comercio, servicios e industria.

Respecto a la Ley de Alquileres, derogó la norma existente para permitir que propietarios e inquilinos acuerden plazos, precios y moneda de pago.

En el ámbito laboral, se introducen cambios como la extensión del período de prueba a 8 meses y la limitación del derecho a huelga en áreas esenciales, entre otros.

Se eliminaron leyes como la de Abastecimiento, Góndolas y Compre Argentino, y se derogó el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía.

En el ámbito de la salud, se desregularon las restricciones de precios a las prepagas y se incorporaron al régimen de obras sociales. Se derogaron leyes relacionadas con medicamentos genéricos y se estableció la receta electrónica.

Además, se dispuso la privatización de empresas estatales y se modificaron disposiciones en comercio exterior, incluyendo la eliminación de restricciones a las exportaciones e importaciones.

Se derogó la Ley de Tierras y se permitió la conversión de clubes de fútbol en Sociedades Anónimas Deportivas. Finalmente, se introdujeron cambios en licencias audiovisuales y requisitos para la circulación de vehículos.