El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazó con interrumpir la producción de petróleo y gas si el Ministerio de Economía de la Nación. a cargo de Luis Caputo, no abona la mitad de la coparticipación que le corresponde al distrito.
El conflicto se origina a partir de que el Gobierno nacional retuviera $13.500 millones de la coparticipación mensual de Chubut por deudas a corto plazo contraídas durante la administración anterior. Torres propuso un canje de deuda en mejores condiciones al Banco Central, que aún no ha sido aprobado.
El conflicto de interrupción de suministro llevó a otros gobernadores patagónicos a emitir una declaración de apoyo a la decisión de Torres, mientras que nueve gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) han pedido al Gobierno nacional que envíe urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia.
En respuesta, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ha calificado la amenaza de Torres como “absolutamente ilegal”. La disputa ha llevado a la justicia federal a declarar la ilegalidad de la retención de fondos destinados al Fondo Compensador al Transporte Público en distintas provincias, incluyendo Chubut.
En noviembre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó a Chubut pagar su deuda en 12 meses y ajustada por inflación a partir de enero de 2024. A pesar de la voluntad de Chubut de pagar, las propuestas de refinanciación hechas por el gobierno provincial no obtuvieron respuesta del gobierno nacional.
La deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial es de $120.000 millones, y la Nación ha recortado $13.500 millones de los envíos de coparticipación de la provincia como pago de la deuda. Chubut ha solicitado refinanciar la deuda en múltiples ocasiones, pero no ha obtenido respuesta.
Los gobernadores patagónicos están considerando la creación de una empresa de energía regional, llamada Energía Patagonia S.A., como una forma de fortalecer su autonomía y enfrentar el conflicto con el Gobierno nacional.
El proyecto se presentaría el 7 de marzo en el Parlamento Patagónico, donde se espera que se discuta con legisladores y gobernadores de la región.
