El presidente Alberto Fernández ordenó recusar a los
Jueces de la Corte Suprema e instruyó al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentar un
recurso de revocatoria in extremis contra la decisión de la Corte Suprema que obliga al Estado a
aumentar los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Además, manifestó que el pago se
realizará a través de bonos y adelantó un proyecto de ley para revisar el presupuesto de deuda
pública.
Tras ser notificado por la Suprema Corte, el primer mandatario ordenó la recusación de los
magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que
revisen el fallo, en busca de evitar que afecten a la distribución de fondos del resto de las
provincias argentinas.
“He ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la
cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional,
perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas, expresó
Fernández en Twitter.
Luego, menciona que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en
la ley de Presupuesto y aclaró que ni en los Presupuesto 2022 ni 2023 prevén estos pagos.
De esta forma, los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022, administrados por la Jefatura de
Gabinete de Ministros, se transferirán a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento
de la medida cautelar que impugnamos.
Fernández recuerda que los bonos consignados ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda
del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. “Siendo así, no habría lesión al derecho
concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de
segunda”, criticó.
Losbonos representarán el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la
espera del fallo definitivo o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos
presupuestarios pertinentes.
Respecto a esto último, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para tratar, en
sesiones extraordinarias, los recursos necesarios para hacer posible cumplir la orden judicial.
“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las
provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, concluye.
