El Gobierno nacional estableció diferentes medidas para promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino, el congelamiento de beneficiarios de planes sociales y la licitación preferencial de 30% de la obra pública a cooperativas de la economía popular, en la realización de proyectos de hasta $ 300 millones.
En diferentes resoluciones, el gobierno habilitó que los procesos licitatorios tengan preferencia hacia las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del 5% de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa “Puentes de Empleo”, el plan que ofrece beneficios como reducción de contribuciones patronales por contratación de empleados con programas sociales.
Luego, se prohibió la ampliación de titulares a diferentes planes sociales como el Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, “Potenciar Inclusión Joven”, “Nexo” y “Plus Esencial”.
