El gobierno argentino modificó el sistema antidumping a través del Decreto 33/2025 para alinearlo con la política de comercio exterior, centralizando las investigaciones en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
Esta unificación busca simplificar el proceso y mejorar la calidad de las investigaciones, permitiendo una mayor coordinación y consistencia en las decisiones, en línea con las prácticas de los países miembros de la OMC.
La reforma también establece una duración máxima de 3 años para las medidas antidumping, con una única posibilidad de renovación por 2 años adicionales.
Además, involucra a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor en los análisis de casos para garantizar un balance entre el interés público y el de los consumidores. Con esta reforma, se busca promover la competencia, un comercio exterior más transparente y equilibrado, y mejorar la integración y diversificación del comercio de bienes.
