El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “ley ómnibus”, que contiene un total de 664 artículos plasmados en más de 480 páginas, con la intención de impulsar una reforma política, económica, ambiental y social.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocará la próxima semana a funcionarios para que expliquen el proyecto ante los legisladores. El gobierno tiene la intención de tratarlo antes del 31 de enero, cuando finalice el periodo de sesiones extraordinarias.
Entre las principales medidas del proyecto se encuentran:
-La privatización de 41 empresas públicas, entre ellas Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam.
-La suspensión de la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y la implementación de aumentos por decreto con foco en los haberes mínimos.
-La ampliación de la tipicidad para considerar legítima defensa, incluido el accionar en fuerzas de seguridad.
-La concentración en un solo régimen del sistema nacional de contrataciones públicas con desburocratización y trámites a distancia.
-La eliminación de las PASO y la implementación de un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales.
-La reestructuración de la Administración Pública nacional, con la eliminación de reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la Justicia.
-La modificación del régimen de retenciones agropecuarias, con un aumento del 33% sobre los derechos de exportación a la soja.
-El libre comercio internacional de hidrocarburos y la prohibición de la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción.
-La modificación de la ley de biocombustibles para permitir libre comercio de biocombustibles, en términos de precio y aprovisionamiento.
-La unificación de los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
El proyecto también incluye modificaciones en el ámbito de la educación, la justicia y la seguridad. Entre ellas se encuentran:
-La implementación de un examen integrador al finalizar la educación secundaria.
-La instauración de un proceso de evaluación continua de los docentes.
-La eliminación de las restricciones a la educación a distancia.
-La prohibición del ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.
-La autorización a las universidades para arancelar la educación de extranjeros no residentes.
-La introducción del concepto de divorcio simplificado para aquellos que forman parte del acuerdo entre las partes.
-La limitación del sistema de subsidios al 50 por ciento de la producción en el INCAA.
-La reducción de los requisitos de registro de personal para las embarcaciones que soliciten permisos pesqueros.
-La autorización tácita para ejecutar quemas controladas de territorios si la administración no responde a un pedido en 30 días.
-La transferencia al Tesoro de los activos del FGS de la ANSES.
-La autorización del Presidente para autorizar los ejercicios militares de tropas extranjeras en el país.
Otro de los puntos más polémicos fue el pedido de delegación legislativa al Poder Ejecutivo ante una emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027.
También, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.
