De los 664 artículos que originalmente tenía la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus), sólo quedaron 386 articulos que se debatirán mañana en la Cámara de Diputados. Esto significa apenas un 58% del proyecto originalmente enviado en diciembre.
Entre las principales modificaciones, se revirtió la propuesta de cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. También se retiró la iniciativa de blanqueo que proponía gratuidad para declaraciones menores a US$100,000 con beneficios.
En cuanto a la privatización de empresas estatales, se excluyó a YPF, Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT, y se eliminó la emergencia social y de defensa de las 11 iniciales.
El plazo de delegación legislativa sería de un año, con posibilidad de extenderlo otro año más, y se mantiene la emergencia en diversas áreas. Además, se incrementó el límite para considerar una reunión como manifestación de tres a 30 personas. La semana se presenta crucial en la Cámara de Diputados, con la expectativa de apoyo de bloques dialoguistas para la aprobación de la ley.
Por otro lado, se excluyó de las facultades de disolución a las empresas públicas, universidades, y entidades cómo el INTA y el Conicet. Entre otra de las modificaciones que se pudieron percibir, también se quitó el artículo de derogación de la incompatibilidad tras ser funcionario de la CNV (conocido como puerta giratoria de salida).
Originalmente, la propuesta elevaba los derechos de exportación hasta un 15% para productos que no pagaban nada, siendo del 33% para la soja y sus derivados. Sin embargo, estos puntos fueron excluidos debido a disensos en el capítulo económico. También se eliminó el artículo 106 que suspendía la fórmula de movilidad para jubilaciones y asignaciones familiares.
Adicionalmente, la iniciativa no incluye la propuesta de modificación del impuesto a las Ganancias para personas físicas y se redujo el número de emergencias declaradas de 11 a 9, abarcando áreas económicas, financieras, fiscales, previsionales, de seguridad, salud, tarifaria, energética y administrativa. Se mantuvieron cambios acordados anteriormente, como la eliminación del capítulo sobre salud pública y modificaciones en defensa de la competencia, régimen de hidrocarburos, biocombustibles, transición energética y legislación ambiental.
Además, se excluyó al INTA y al CONICET de facultades de disolución en la reorganización administrativa, y se limitaron facultades sobre prórroga de jurisdicción y rescisión de contratos.
