Las condiciones macroeconómicas adversas, el malestar social y la incertidumbre sobre políticas públicas de América Latina en 2023 detendrán la mejora de la calidad crediticia de los proyectos de infraestructura y financiamiento de proyectos en la región, informa la calificadora Moody’s Investors Service.
La vicepresidenta Senior Analyst, Daniela Cuan, afirmó que el panorama para las empresas de infraestructura de América Latina en 2023 es desafiante y que los sectores basados en la demanda, como las autopistas de peaje y la electricidad, tendrán una expansión, aunque más lenta en 2023, debido a un menor crecimiento del producto interno bruto.
Los realineamientos geopolíticos seguirán manteniendo la volatilidad de los precios de los commodities y los precios de la energía sigan siendo altos durante 2023”. “Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias comenzarán a disminuir lentamente. Sin embargo, la incertidumbre sobre políticas públicas que enfrentará la región sigue siendo un riesgo clave para las empresas de servicios públicos, ya que los gobiernos se preocupan por la asequibilidad de los clientes y las tensiones sociales”, añade.
En resumen, las tasas de interés más altas aumentarán los costos del servicio de la deuda, la incertidumbre política sigue siendo un riesgo clave para las empresas de servicios públicos y las agendas de diversificación energética de los gobiernos impulsarán las inversiones renovables.
RIESGO DE RECESIÓN POR PAÍSES
En Brasil, el cambio de políticas podría poner obstáculos a los servicios públicos en las próximas revisiones tarifarias. En México, en tanto, los indicadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están bajo presión, junto con los sectores basados en la demanda, los cuales se enfrentan a una desaceleración económica.
En Colombia, el retraso en los ajustes por recuperación de costos y mayores impuestos
disminuirán la generación de efectivo para los servicios públicos. En Chile, afectarán la reforma de la Constitución y las malas condiciones hidroeléctricas. Las crecientes demandas sociales amenazan la transferencia oportuna de aranceles más altos y las malas condiciones hidroeléctricas corren el riesgo de ejercer más presión sobre los servicios públicos chilenos.
Por último, en Perú, la desaceleración de las inversiones mantendrá estable la demanda para las empresas de servicios públicos, mientras que las protestas ante una nueva administración presidencial pondrán a prueba la resiliencia de los activos de infraestructura.
