El malestar social en Perú está arrojando nubes más oscuras sobre la economía, con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en la capital de Lima y otras grandes ciudades que casi paralizan la actividad económica y reducen las posibilidades de una pronta solución a la crisis política del país, señala el informe de Moody’s Analytics.
Las protestas en apoyo del expresidente Pedro Castillo, acusado y destituido de su cargo en diciembre, después de intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto, se han extendido desde las provincias mayoritariamente rurales de Perú hasta la capital política y económica de la nación andina. Las protestas también han obligado al cierre de destinos turísticos clave como Machu Picchu luego de que el ferrocarril que une el sitio con Cusco sufriera daños.
La agencia sostuvo que las manifestaciones a nivel nacional marcan un punto de inflexión. “El agotamiento del modelo de crecimiento impulsado por las materias primas de Perú, un golpe agravado por los choques duales de la pandemia de covid-19 y la invasión rusa de Ucrania, ha puesto al descubierto la creciente desigualdad y la gastada red de seguridad social del país”, sostuvo.
Hasta ahora, el daño económico inmediato de las protestas ha sido limitado, con interrupciones de la actividad minera en el sur rico en recursos del país compensado por una mayor producción en otras regiones. Esto podría cambiar rápidamente si las manifestaciones dan un golpe más fuerte, concluye la agencia
