El gobierno de Javier Milei vetó completamente la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso, argumentando que la ley no consideraba el impacto fiscal ni especificaba la fuente de financiamiento.
El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Además, señala que la implementación de la ley significaría un gasto adicional de más de $6 billones en 2024 y $15 billones en 2025, lo que afectaría gravemente las finanzas públicas y las metas fiscales del gobierno.
El veto fue respaldado por legisladores del PRO, MID, y La Libertad Avanza, quienes se reunieron con Milei para garantizar los dos tercios necesarios para mantener el veto y evitar que el Congreso lo anule.
Aunque el Congreso aún puede insistir en la reforma si logra los dos tercios en ambas cámaras, no está claro si contará con el apoyo suficiente para superar el veto presidencial.
