El presidente Javier Milei obtuvo su primer triunfo parlamentario con la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal por la Cámara de Diputados, con 147 votos a favor, 104 en contra y 2 abstenciones. Esta ley, que cuenta con 238 artículos, delega facultades al Poder Ejecutivo, establece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modifica la legislación laboral y permite privatizaciones de ciertas empresas públicas.
La Ley Bases declara la emergencia pública en los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético por un año, otorgando facultades excepcionales al presidente Milei en estos campos.
En cuanto a la reforma laboral, la ley extiende el período de prueba para los empleados y permite la contratación de “trabajadores independientes” fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. También define la participación en bloqueos como causal de despido y limita los derechos de huelga para empleados públicos.
En el ámbito de las privatizaciones, la ley designa a ocho empresas públicas como sujetas a privatización, incluidas Intercargo, Enarsa y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, entre otras.
Además, permite renegociar o rescindir contratos de obra pública que no tengan un 80% de ejecución o financiamiento internacional, y desregula el sector de hidrocarburos, eliminando la prioridad de abastecimiento interno en favor de maximizar la producción para exportación.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se establece para incentivar inversiones de al menos US$ 200 millones en sectores como el forestoindustrial, turístico, minero y energético. También se reintroduce el impuesto a las ganancias para trabajadores con salarios altos, con ajustes semestrales según la inflación, y se modifica el impuesto a los bienes personales, aumentando los pisos impositivos y reduciendo las alícuotas progresivamente hasta 2027.
Finalmente, se implementa un régimen de regularización de capitales, permitiendo la declaración de hasta US$ 100.000 sin penalizaciones, y se crea una moratoria para deudores tributarios, aduaneros y de seguridad social, con condonaciones de hasta el 70%.
