El Senado aprobó la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y el paquete fiscal con modificaciones, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación o insistencia en la versión original.
La votación general resultó 36 a 36 y fue desempatada a favor por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. La ley, que incluye reorganización administrativa del Estado, privatizaciones y un régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), enfrentó fuertes divisiones entre los legisladores.
El oficialismo y parte de la oposición dialoguista apoyaron la ley, mientras que la mayoría del kirchnerismo y algunos otros legisladores la rechazaron. Este contexto provocó que algunos puntos solo se aprobaran con mayoría simple, permitiendo a Diputados la posibilidad de insistir en la versión original si así lo desean.
Durante las votaciones en particular, se aprobaron diversas modificaciones importantes. Por ejemplo, se mantuvieron las emergencias administrativas, económicas, financieras y energéticas por un año, mientras que en la reorganización del Estado se excluyeron organismos vinculados a la cultura y la Comisión Nacional de Energía Atómicas. La votación de estos puntos también requirió el desempate de Villarruel.
Se destacaron también cambios en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), limitando los sectores beneficiados a la forestoindustria, infraestructura, minería, energía ytecnología, con la inclusión adicional de turismo, siderurgia, petróleo y gas.
Se introdujeron requisitos para proveedores locales y un esquema de incentivos cambiarios escalonados para las exportaciones. Estos cambios buscaron blindar el articulado para evitar derrotas en Diputados.
Finalmente, el Senado descartó la eliminación de la moratoria previsional y no aceptó modificaciones en el capítulo relacionado con el tabaco, manteniendo las disposiciones aprobadas por Diputados.
Las disposiciones finales también generaron controversia, especialmente en torno a la propuesta de recomposición de fondos universitarios por parte de Martín Lousteau, la cual no fue concedida, culminando en una votación con 36 avales, 32 rechazos y una abstención. Esto provocó una tensión adicional en el recinto debido a la abstención de Juliana di Tullio, considerada incorrectamente según algunos legisladores.
