El Senado argentino decidió por unanimidad, ayer a la tarde, convertir en ley la emergencia alimentaria que aumenta los montos vigentes este año para los programas de alimentación y faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas con el fin de combatir la pobreza, en medio de una fuerte crisis económica que se desató luego de las elecciones primarias de agosto.
La ley prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y tendrá un costo de entre 8.000 y 10.000 millones de pesos. En lo inmediato, se dispone un incremento de emergencia de, como mínimo, el 50% de los créditos presupuestarios vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, de acuerdo al “Parlamentario”.
Además, se faculta al jefe de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2019 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas, tomandocomo referencias mínimas el aumento del rubro “alimentos y bebidas” del IPC y la variación de la canasta básica medida por el Indec.
La iniciativa fue promovida por la oposición y tomó mayor impulso en las últimas semanas a raíz de movilizaciones y acampes de organizaciones sociales en las afueras del Congreso. Si bien el oficialismo, en un principio no se había pronunciado al respecto, durante la semana pasada el presidente Mauricio Macri dijo que acompañaría la iniciativa.
Julieta Marino / Agencia CMA Latam
