La sesión en la Cámara de Diputados por la Ley de Bases (Ómnibus) ya lleva 24 horas de debate, con la aprobación de la emergencia económica por un año, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, privatizaciones y reforma laboral.
EMERGENCIA PÚBLICA Y PRIVATIZACIONES
El primer capítulo declara una emergencia pública en áreas administrativas, económicas,
financieras y energéticas por un año, otorgando al Poder Ejecutivo nacional facultades
relacionadas con la gestión de la emergencia. El segundo capítulo faculta al Poder Ejecutivo a
modificar competencias y estructuras de organismos estatales, excluyendo algunas entidades clave y
declarando la privatización de empresas estatales, con procesos transparentes y supervisión de una
comisión bicameral.
El Gobierno redujo las empresas estatales a nueve, incluyendo Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio
y Televisión Argentina e Intercargo, mientras que propone privatizar parcialmente empresas como
AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales. El oficialismo
retrocedió en la privatización del Banco Nación y sus subsidiarias, como Nación Seguros.
OBRA PÚBLICA
Además, se aprueba la renegociación o rescisión de contratos de obra pública por razones de
emergencia y la promoción del empleo registrado.
Se permiten acuerdos transaccionales entre contratistas y la Administración Pública en disputas
contractuales, se regulan concesiones de obras públicas y se promueve la regularización de
relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas.
EMPLEO PÚBLICO Y REFORMA LABORAL
También, se aprobó una reforma al empleo público con la prohibición a los sindicatos estatales
descontar parte del salario de trabajadores no afiliados sin su autorización explícita, y se
estableció que durante una huelga se descontará a los trabajadores un proporcional por las horas
no trabajadas sin imponer sanciones administrativas.
Luego, regula la situación de funcionarios de órganos u organismos eliminados, quienes podrían
ser colocados en situación de disponibilidad por un máximo de 12 meses.
El proyecto también aborda la modernización laboral, proponiendo la extensión del período de
prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo. Se extienden los períodos de prueba
para diferentes tipos de empresas y se establecen disposiciones para simplificar el proceso de
registración laboral.
Además, se detallan disposiciones para proteger a las trabajadoras durante el embarazo y postparto,
y se establece un régimen especial unificado para trabajadores independientes con colaboradores en
el ámbito agrario.
